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A muchos políticos no les gustan las normativas medioambientales, esas que les impiden urbanizar el territorio a su antojo. No entienden que bichos y plantas sean capaces de paralizar aeropuertos, autopistas, campos de golf o urbanizaciones. Hasta ahora luchaban contra ellas o trataban de ignorarlas, pero en Canarias, avanzadilla de la progresa, han encontrado la fórmula perfecta: si una ley te molesta, sustitúyela por otra diseñada a imagen y semejanza de tus intereses políticoeconómicos. Si la biodiversidad es un obstáculo para el desarrollo, rebajando su protección reduciremos los problemas.
De esta forma, sin necesidad de estudios técnicos, procesos de información pública o consensos, sin contar con los ciudadanos ni con la comunidad científica, el Parlamento de Canarias aprobó la semana pasada un nuevo catálogo regional de especies protegidas que rebaja la categoría a la mitad de ellas, reduciendo la protección de 290 y desprotegiendo directamente a otras 29. Y como lo han elevado de decreto a ley es la suya una decisión inapelable, a no ser que el Gobierno español presente una denuncia contra la norma por inconstitucional que, al paso que van las cosas en el alto tribunal, tardará décadas en obtener respuesta.
La ley incluye una nueva categoría de protección única en el mundo, las “especies de interés para los ecosistemas canarios”, disparate legal aplicable a aquellas especies (171 nada menos) merecedoras de atención especial exclusivamente mientras se encuentren en espacios protegidos. Si se salen fuera por ser aves voladoras o tortugas marinas quedarán automáticamente desprotegidas, al igual que todas las poblaciones que sobrevivan fuera de tal ordenamiento. |
